Ante esto, CONPYMES considera que la afectación tendría que ser solo caso a caso, y no para la totalidad de la plantilla y que esta proporcionalidad se tiene que recoger tanto en el importe a devolver, como por razón de dimensión de la empresa, que es también determinante en estos casos, pero que las consecuencias, por el abuso y desproporción en su interpretación, pueden traer consigo la pérdida de muchos más puestos de trabajo de los que se pretendían preservar en un inicio.Por otro lado, la entidad considera que se menosprecia al empresariado cuando se introducen incentivos en la activación de personas trabajadoras y, en concreto, que las manifestaciones del ministro Escrivá para justificarlo solo pueden ser fruto de un sesgo de interpretación.
