​Europa y América Latina: ¿Socios o competidores en la nueva economía verde?

Europa enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia contemporánea: cumplir con el ambicioso Pacto Verde Europeo y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para lograrlo, requiere una cantidad gigantesca de recursos naturales estratégicos que ya no se encuentran en abundancia en su propio territorio. La crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania y la dependencia del gas ruso aceleraron un cambio de paradigma que dejó al descubierto la fragilidad de su modelo energético. En ese contexto, América Latina aparece en el mapa no solo como un socio comercial sino como un aliado estratégico indispensable para alcanzar los objetivos de transición energética. La región posee el 60% de las reservas mundiales de litio, un alto porcentaje del cobre y abundantes recursos naturales necesarios para la fabricación de baterías, turbinas eólicas, paneles solares y autos eléctricos. Europa lo sabe, América Latina lo sabe y los mercados lo saben. La pregunta que flota es si esta oportunidad abrirá la puerta a una cooperación sostenible y equitativa o si volverá a colocar a Latinoamérica en el rol histórico de simple proveedor de materias primas.

La historia no juega a favor de la confianza plena. Durante siglos, el intercambio económico entre Europa y América Latina estuvo marcado por el extractivismo, el desequilibrio y la dependencia. Los barcos que zarpaban de América hacia los puertos europeos cargados de plata, cacao, café, caucho o petróleo difícilmente dejaron huellas de desarrollo sostenible en las comunidades que los producían. Ese pasado no se olvida y hoy condiciona la narrativa con que se observa el boom de la economía verde. Gobiernos latinoamericanos, expertos y líderes sociales plantean la necesidad de evitar un “colonialismo verde” en el que la urgencia climática europea se traduzca en una nueva forma de expolio. No se trata de rechazar la cooperación sino de plantear las reglas con un enfoque soberano, que permita industrializar en origen, generar empleo local, impulsar la innovación tecnológica y proteger el medio ambiente.

Chile es el ejemplo más visible de esta tensión. Como mayor productor mundial de cobre y con gigantescos

 salares de litio en el desierto de Atacama, el país se ha convertido en epicentro de la mirada europea. Empresas de Alemania, Francia y España han firmado acuerdos de inversión en proyectos de minería sostenible y en plantas de hidróxido de litio que buscan agregar valor. Sin embargo, el gobierno chileno, consciente de las lecciones del pasado, ha adoptado una política nacional del litio que establece la participación del Estado en todos los proyectos y exige estándares ambientales mucho más estrictos. La paradoja es evidente: Europa necesita el litio lo más pronto posible, pero América Latina exige que esta vez la historia se escriba de otra forma.

Argentina, por su parte, se ha sumado a la fiebre del litio con las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta atrayendo inversión extranjera. Los capitales europeos se mezclan con los chinos y estadounidenses en un juego geopolítico que convierte al Triángulo del Litio en escenario global de competencia. Pero las comunidades locales denuncian el uso excesivo de agua en regiones áridas y los impactos sociales de una minería a gran escala. Este es el dilema central: ¿cómo satisfacer la demanda internacional sin repetir modelos de desarrollo que dejan huellas irreversibles?

Brasil se presenta en la ecuación como otro actor clave. Su capacidad en energías renovables, especialmente en eólica y solar, lo posiciona como socio estratégico en proyectos de transición energética. Empresas europeas invierten en parques eólicos marinos en el nordeste brasileño, mientras que la Amazonía se convierte en un laboratorio de discursos cruzados: por un lado, la necesidad de preservar el pulmón del mundo y, por otro, la presión de la agroindustria y la minería. La Unión Europea firmó recientemente un acuerdo de cooperación con Brasil para fortalecer la protección amazónica, pero las tensiones entre desarrollo económico y conservación siguen siendo intensas.

En este tablero, Colombia aparece con un perfil renovado. El gobierno actual ha insistido en que el país debe abandonar la dependencia del petróleo y del carbón y avanzar hacia una economía más verde. Europa observa con interés los proyectos de hidrógeno verde que se desarrollan en la costa Caribe y las posibilidades de asociarse en cadenas de suministro sostenibles. Sin embargo, la realidad es compleja: la transición energética en un país que aún depende en gran medida de los ingresos del petróleo enfrenta resistencias internas y limitaciones fiscales.

El debate sobre si Europa y América Latina son socios o competidores también se extiende al ámbito de la innovación tecnológica. Mientras Europa busca asegurarse el suministro de minerales, América Latina plantea que no quiere ser simplemente el proveedor de litio, cobre o níquel, sino también productor de baterías, autos eléctricos y tecnologías limpias. La aspiración es legítima, pero requiere inversión en investigación, infraestructura y transferencia tecnológica que hasta ahora ha sido insuficiente. Las universidades latinoamericanas, aunque con un enorme potencial, todavía enfrentan limitaciones presupuestarias y los ecosistemas de innovación necesitan mayor articulación con el sector privado. Europa puede jugar un papel importante si decide impulsar la cooperación académica, el financiamiento de centros de investigación y el desarrollo de cadenas de valor compartidas.

En el plano político, la relación enfrenta sus propios desafíos. La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha estado en suspenso durante años por las preocupaciones ambientales y por la resistencia de sectores europeos que temen la competencia agrícola latinoamericana. El acuerdo, que podría convertirse en una plataforma clave para fortalecer los lazos, sigue atrapado entre tensiones proteccionistas y la desconfianza ambiental. América Latina exige respeto por su soberanía mientras Europa insiste en la necesidad de garantizar estándares ambientales. Lo que parece evidente es que el acuerdo no puede seguir anclado en el pasado sino que debe actualizarse en función de la economía verde y la digitalización.

El impacto de esta relación también se mide en la vida cotidiana de los ciudadanos. Mientras en Europa se multiplican los autos eléctricos y los paneles solares, en muchas comunidades latinoamericanas que producen los minerales necesarios todavía no hay acceso pleno a electricidad o agua potable. La paradoja es dolorosa y plantea un dilema ético: la transición energética no puede construirse sobre desigualdades tan profundas. De allí que el debate sobre justicia climática se convierta en un eje central del vínculo entre las dos regiones.

Los defensores de una cooperación equitativa plantean que este es el momento de construir un nuevo contrato social transatlántico basado en la corresponsabilidad. Europa no puede ver a América Latina solo como una cantera, sino como un socio con voz propia. Y América Latina debe aprovechar la oportunidad histórica para fortalecer sus instituciones, invertir en ciencia y tecnología y negociar desde una posición de mayor fortaleza. La multipolaridad global, con China y Estados Unidos compitiendo ferozmente por recursos estratégicos, abre un margen de maniobra que antes no existía. Si América Latina logra coordinarse como bloque, podría negociar en mejores términos con Europa y con otros actores globales.

El futuro no está escrito, pero la urgencia climática impone plazos cortos. Europa necesita acelerar su transición y América Latina necesita aprovechar la ventana de oportunidad. La clave estará en cómo se estructuren los acuerdos, qué tipo de participación tengan las comunidades locales, cuánta inversión se destine a la industrialización en origen y cómo se gestionen los riesgos ambientales. No será sencillo, pero es quizá la primera vez en mucho tiempo que América Latina tiene un recurso que no solo es valioso económicamente sino indispensable para el futuro del planeta. Esa condición le otorga un poder de negociación inédito que debe ser usado con responsabilidad y visión de largo plazo.

La narrativa de socios o competidores puede ser engañosa. En realidad, ambos necesitan al otro, pero la forma en que se configure esa relación definirá si se trata de una asociación estratégica o de una nueva dependencia. Europa puede ser un aliado en la construcción de una economía verde latinoamericana, pero solo si entiende que la transición no puede basarse en viejos esquemas coloniales. América Latina, por su parte, tiene que asumir el reto de innovar, de exigir estándares claros y de apostar por un desarrollo que vaya más allá de la exportación de minerales.

Al final, lo que está en juego no es solo un negocio de recursos naturales sino la posibilidad de redefinir la relación entre dos continentes unidos por la historia y ahora forzados por la urgencia climática a encontrar un nuevo equilibrio. La transición energética es también una transición geopolítica y cultural. Si Europa y América Latina logran construir una alianza justa, el impacto podría ser transformador no solo para ellos sino para el mundo entero. Si fracasan, lo que se repetirá será la vieja historia de dependencia y desequilibrio. La decisión está en marcha y el reloj del cambio climático no se detiene.