​“Coinversión público-privada: el nuevo catalizador de los ecosistemas startup latinoamericanos”

Durante la última década, Latinoamérica ha dejado de ser una región rezagada en materia de innovación para convertirse en un territorio fértil para el crecimiento de startups tecnológicas. La expansión del acceso digital, el talento joven y la irrupción de nuevos fondos de capital de riesgo han generado un ambiente de creatividad y disrupción. Sin embargo, el principal obstáculo persiste: la brecha de financiamiento.

Mientras que en ecosistemas maduros como Estados Unidos o Europa los mecanismos de venture capital se consolidaron hace décadas, en Latinoamérica el acceso al capital privado sigue siendo limitado, concentrado en pocas ciudades y dominado por fondos internacionales. De ahí surge la necesidad de modelos alternativos que mezclen el impulso estatal con la eficiencia del sector privado: la coinversión público-privada.

Este modelo no solo busca aportar recursos financieros, sino también generar confianza, compartir riesgos y construir una infraestructura institucional que garantice la sostenibilidad del emprendimiento. En un momento en que los países latinoamericanos enfrentan la presión de diversificar sus economías, reducir la informalidad y crear empleo de calidad, la coinversión se presenta como un instrumento estratégico de desarrollo.

El concepto de coinversión público-privada se refiere a la participación conjunta de entidades estatales y actores privados en fondos o vehículos de inversión destinados a impulsar el emprendimiento y la innovación. A diferencia de los subsidios o créditos tradicionales, la coinversión implica una asunción compartida del riesgo y una orientación a resultados.

En términos prácticos, puede manifestarse en distintas estructuras:

• Fondos mixtos de capital de riesgo: donde el Estado aporta capital semilla o recursos de primera pérdida para atraer inversionistas privados.
• Programas de matching funds: donde el sector público iguala la inversión privada en startups seleccionadas.
• Fondos de fondos: que canalizan recursos públicos hacia gestoras privadas especializadas en determinados sectores (biotecnología, fintech, energías limpias, etc.).
• Acuerdos de coinversión directa: donde agencias gubernamentales invierten junto a fondos o corporaciones en empresas innovadoras.

La relevancia de este modelo radica en que permite apalancar capital privado, atraer inversión extranjera y crear un efecto multiplicador en el ecosistema. Además, fortalece la gobernanza y promueve la profesionalización de los actores locales.

El escenario latinoamericano es particularmente propicio para este tipo de mecanismos. Desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Perú, Argentina y Brasil, los gobiernos han comenzado a reconocer que el fomento del emprendimiento no puede depender únicamente de subsidios o programas de apoyo, sino de instrumentos financieros sofisticados.

Algunos ejemplos emblemáticos:

• Chile: a través de CORFO, ha sido pionero en esquemas de coinversión. Sus programas Start-Up Chile y ScaleX han atraído a cientos de inversionistas y generado casos de éxito que hoy exportan tecnología al mundo.
• Colombia: el fondo iNNpulsa Capital y la alianza con Bancóldex han promovido la creación de vehículos de coinversión para startups en etapas tempranas.
• México: mediante NAFIN y INADEM, se impulsaron fondos de capital emprendedor que mezclan recursos públicos y privados, fortaleciendo el acceso al capital semilla.
• Brasil: con la Finep y el BNDES, se han desplegado fondos mixtos orientados a la innovación industrial y tecnológica.

Más recientemente, países como Uruguay, Ecuador y Costa Rica han comenzado a desarrollar sus propias estrategias de coinversión, buscando replicar los modelos exitosos de sus vecinos y adaptarlos a las particularidades locales.

El éxito de estos esquemas no reside únicamente en el volumen de recursos invertidos, sino en la calidad de la gobernanza que los sostiene. En contextos donde el capital privado desconfía de la estabilidad institucional y los emprendedores enfrentan entornos regulatorios inciertos, el Estado puede actuar como garante de confianza.

Su participación no solo reduce el riesgo percibido por los inversionistas, sino que también aporta legitimidad y continuidad. De hecho, el modelo de coinversión se ha consolidado como una herramienta de política pública inteligente, que evita la dependencia de subsidios y fomenta la corresponsabilidad.

En el otro extremo, la participación privada introduce eficiencia, selección basada en mérito, mecanismos de rendición de cuentas y exigencia de resultados. De este modo, se genera un equilibrio entre lo público y lo privado que fortalece la sostenibilidad de los ecosistemas de emprendimiento.

La coinversión ha tenido especial impacto en sectores de alto potencial transformador. En tecnología y digitalización, ha permitido financiar startups de software, inteligencia artificial, fintech y blockchain. En el ámbito de la salud, ha impulsado plataformas de telemedicina y biotecnología. En el campo de la sostenibilidad, ha catalizado proyectos de energía limpia, economía circular y agroinnovación.

En los últimos años, se observa un auge en el interés por financiar proyectos vinculados con la economía plateada —aquella que responde a las necesidades de la población mayor— y la economía del cuidado, dos ámbitos con enorme potencial tanto en Europa como en América Latina. La coinversión podría convertirse en el puente que conecte los ecosistemas innovadores de ambos continentes.

La coinversión público-privada en América Latina no podría entenderse sin la participación de los organismos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y agencias europeas de cooperación han desempeñado un papel crucial en la estructuración de fondos regionales.

El BID Lab, por ejemplo, ha cofinanciado más de 150 fondos de capital emprendedor en la región, mientras que la CAF impulsa programas como Emprendimiento e Innovación para la Productividad y ha promovido la creación de vehículos de inversión compartidos con gobiernos nacionales.

La cooperación internacional también está abriendo nuevas puertas de coinversión entre Europa y América Latina, particularmente en temas de transición verde, inclusión financiera, bioeconomía y digitalización. En este contexto, la integración de las startups latinoamericanas en cadenas globales de valor es una prioridad estratégica.

A pesar de sus avances, el modelo enfrenta desafíos importantes. El primero es la burocracia institucional, que puede ralentizar la ejecución de inversiones y desincentivar a los fondos privados. También persiste la falta de instrumentos jurídicos adaptados a la velocidad del emprendimiento.

Otro reto es la escala. Muchos fondos de coinversión no superan los 50 millones de dólares, lo que limita su capacidad para acompañar el crecimiento de startups hacia etapas de expansión internacional. La falta de mecanismos de salida (exits) y mercados secundarios también reduce la liquidez y el atractivo del sector.

Por último, la sostenibilidad de los fondos depende de su capacidad de generar retornos y reciclar el capital. Si la coinversión no se concibe como un modelo rentable y profesional, corre el riesgo de diluirse en programas temporales sin impacto estructural.

El futuro de la coinversión público-privada en Latinoamérica está estrechamente vinculado con la integración regional. Iniciativas como la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el Foro Iberoamericano de Innovación están promoviendo la interoperabilidad entre ecosistemas, la homologación de estándares regulatorios y la creación de fondos transnacionales.

El objetivo es claro: convertir a América Latina en un polo emergente de innovación global, capaz de atraer capital de riesgo no solo de Norteamérica y Europa, sino también de Asia. La combinación de talento joven, necesidades sociales urgentes y recursos naturales estratégicos convierte a la región en un laboratorio perfecto para la innovación inclusiva.

En este contexto, los mecanismos de coinversión pueden convertirse en el puente entre el capital internacional y el emprendimiento local. Si se consolida la confianza institucional y se fortalecen las capacidades de gestión, la región podría duplicar el volumen de inversión en startups para 2030.

Uno de los efectos más positivos del modelo de coinversión es su capacidad para descentralizar la innovación. En lugar de concentrar los recursos en las grandes capitales, los fondos mixtos pueden orientar su acción hacia territorios intermedios y regiones rurales, generando polos de desarrollo local.

La coinversión territorial permite financiar incubadoras, aceleradoras, hubs tecnológicos y proyectos de impacto social vinculados a las vocaciones productivas de cada región. Este enfoque resulta clave para combatir la desigualdad territorial y promover la cohesión social a través del emprendimiento.

La coinversión público-privada no es una tendencia pasajera, sino una pieza estructural de la nueva arquitectura de desarrollo económico en América Latina. En un mundo marcado por la incertidumbre, la transición energética y la digitalización, las startups representan la punta de lanza de la competitividad regional.

El desafío no solo consiste en movilizar más capital, sino en construir confianza, profesionalizar la gestión y asegurar que los beneficios de la innovación lleguen a toda la sociedad. La coinversión se erige como el camino más inteligente para lograrlo: un modelo donde el Estado y el mercado dejan de ser adversarios y se convierten en aliados estratégicos del progreso.

Si algo define a la próxima década en América Latina será la capacidad de cooperar para competir. La coinversión público-privada encarna esa filosofía: unir recursos, conocimientos y voluntades para convertir la innovación en un bien común. En ello se juega buena parte del futuro económico, social y tecnológico del continente