Perspectiva

Esta nueva publicación, que saludo con mucha ilusión, me encarga que me aproxime en sus páginas y, de manera más esquemática, en su versión digital, a lo que el mundo del derecho dé en el marco de Latinoamérica y que lo haga con una visión libre, crítica y constructiva. No es desde luego tarea fácil, pero, en todo caso, es verdaderamente estimulante.

                Latinoamérica es una realidad física, geopolítica y, por tanto, jurídica, profundamente diversa. La riqueza y la fuerza latinoamericana radica, en primer término, en esa diversidad que es además reflejo de su amplitud geográfica. Pero la diversidad que nos caracteriza no tiene que traer necesariamente como consecuencia una suma imperfecta, deslavazada, que nos condene a un escenario permanente de divisiones y tensiones nacionales, con países que marchan a una velocidad por una dirección y otros que caminan a otra en direcciones contrarias. Visto desde fuera, el mundo latinoamericano se percibe casi siempre como una suerte de unidad, con una base mucho más geográfica, donde la ubicación en la región y la conexión cultural que propicia una lengua común y otra hermana lo determinan. Vivido desde dentro, Latinoamérica es desde luego una referencia esencial, pero dista mucho de poder afirmarse como una única unidad. Latinoamérica es hoy, más allá de la descripción de un espacio físico y la suma colectiva de un conjunto de países y naciones, un concepto difuso sin demasiada concreción práctica.

                Tal como yo lo entiendo, el derecho es uno de los mejores ejemplos del saber humano práctico. Esto es, o el derecho sirve, es útil, o es solo un ejercicio teórico que puede quizás adornar las librerías del inmovilismo. El derecho es, sin duda, el mejor invento humano para superar nuestros conflictos de manera pacífica, civilizada y, si detectamos la existencia de problemas o de discrepancias, el derecho es una herramienta que tiene que servir para darles solución o superarlas. No es una construcción sagrada, solo al alcance del conocimiento de unos pocos y de una aplicación incomprensible para la comunidad, sino un instrumento humano, creado con vocación práctica, funcional para las sociedades a que sirve, sometido a una validación democrática indispensable, que puede y debe entenderse en su gestación y, sobre todo, en su aplicación. El derecho resuelve problemas, no los crea.

                Según igual sostengo, el derecho no es ni más ni menos que norma. Muy frecuentemente, se enturbia lo que el derecho dice con la pirueta retorcida de que, a su pesar, lo que quiera decir es otra cosa: la cuestión delicada es que esa percepción retorcida viene definida, sin saber muy bien por qué, ni bajo qué legitimidad, ni con qué amparo, por un conjunto de individuos, más o menos selectos, privilegiados por el alcance de una varita mágica en forma de poder ejecutivo tiránico, poder legislativo indolente, o poder judicial extralimitado. El derecho ha de aportar soluciones y hacerlo con seguridad, para generar marcos estables que sean 1) racionales, es decir, comprensibles y comprendidos, lo que no significa que sean compartidos sin debate, y 2) legales, basados y vinculados a normas, si queremos construir estados de derecho, que sean de toda la ciudadanía, en lugar de estados éticos, que solo pertenezcan a una porción.

                Si nos asomamos con esa perspectiva al mundo latinoamericano, podemos cuestionarnos: dada la diversidad constatada, ¿sirve el derecho que nos damos para solucionar problemas/superar controversias? Me quiero empeñar en que sea así porque creo que cualquier aportación en esta materia requiere ese objetivo. Latinoamérica es plural y diversa, descoordinada si se quiere, y, en cierta medida, un escenario actualmente quimérico para ensayar fórmulas reales de integración económica y armonización jurídica, pero, en cambio, cuantas más dificultades se encuentran para poder plantear soluciones comunes viables, los problemas (que sí son compartidos) no hallan limitaciones para su extensión. La inseguridad jurídica, la desigualdad social, la corrupción política y el atropello constitucional no suelen encontrar fronteras. En esto, la diversidad latinoamericana se diluye, aunque el matiz nacional distingue, porque es más uniforme y extendida la mancha que el remedio que, de manera global para la región no existe jurídicamente, y de manera concreta, en cada país, es casi siempre insuficiente.

                Esta visión no es pesimista; es descriptiva. No podremos mejorar el presente si no lo conocemos, y asumimos, para afrontar el futuro. Y el reloj no para. Me declaro partidario de avanzar hacia marcos normativos que armonicen regulaciones jurídicas en mercados libres que faciliten la integración económica y la cohesión para reducir la desigualdad social y competir internacionalmente con más fuerza y mejor garantía, pero sé que es un escenario improbable y lejano. No obstante, los procesos no se dejan de lado porque no conciten en sus inicios las condiciones ideales. Con las que existen, con quienes quieran, cuanto más se avance hacia este objetivo en cada lugar, mayores márgenes de mejora se obtendrán.  

Los retos concretos que se encaran desde ya son muchos y, aunque tengan una dimensión nacional donde ocurran, su repercusión e implicaciones merecerán toda la atención. Como muestra, sin ánimo exhaustivo, la elección presidencial brasileña, el recorrido de la nueva constitución chilena, la judicialización argentina, el nuevo gobierno colombiano, la seguridad mexicana, la estabilidad centroamericana o la tensión institucional peruana, por ejemplo, están ahí fuera a la espera de acontecimientos y, pase lo que pase, requerirán respuestas. No podemos obviarlas ni debemos equivocarnos al darlas, porque está en cuestión el estancamiento o el progreso.

                Los países, las regiones, los conceptos geopolíticos son en el fondo también una herramienta; con raíces históricas, culturales o étnicas, pero un instrumento artificial, mutable.  Las personas que los pueblan, en cambio, sí son reales. Y sus necesidades, y sus deseos, y sus derechos. Por eso, las normas que creamos y, que debemos aplicar tal y como las creamos, tienen que dirigirse para ellas: a satisfacer las necesidades, a posibilitar la consecución de los deseos, a garantizar los derechos, sin literaturas huecas, con medidas concretas y evaluables. Ese el reto del derecho en Latinoamérica: que sirva, asegurar Estados de Derecho, sometidos al imperio de la ley y al escrutinio público, para que la gente mañana esté mejor y más segura que hoy. Seiscientos cincuenta millones de personas lo están esperando. Y seiscientos cincuenta millones de razones lo avalan, sin duda.